El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) avalar el congreso del ala arcista del MAS, que comenzó el pasado viernes en El Alto. Exigió al TSE enviar veedores a ese congreso, en un franco intento de validar este evento. Inicialmente, el TSE había rechazado en dos ocasiones esa veeduría, pero este fallo del TDJ lo obliga a revertir su decisión.
Este congreso del MAS-IPSP tiene como objetivos renovar su directiva y proyectar candidatos con miras a las elecciones de 2025. De esta manera, el ala arcista pretende poner fin a la era del expresidente Evo Morales como dirigente del partido.
El mencionado fallo judicial fue firmado por Israel Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera, quien, en su larga trayectoria, ha asesorado a destacadas figuras del MAS. Recientemente se inscribió como postulante al Tribunal Constitucional y fue habilitado como candidato gracias a su cercanía con el Poder Ejecutivo, según denuncias de activistas.
Campero responsabilizó al TSE por la decisión que él asumió. Dijo que el “error” que cometió el TSE fue no cumplir una resolución de Amparo, donde se ordenaba respetar el artículo 13 del estatuto del MAS-IPSP, que establece que la dirección nacional del partido es la instancia que debe convocar a su congreso, previo consenso con organizaciones sociales. Campero incluso recomendó a los vocales electorales que “se pronuncien seriamente” para evitar que “sus errores” los tenga que resolver otro poder del Estado.
Aquí se presenta un dilema: ¿Qué ala del MAS ejerce la dirección nacional del partido? Aparentemente, para Campero, no es el ala evista, ya que le resta validez a las cartas en papel membretado que Evo Morales enviara a organizaciones sociales el año pasado.
Los mismos vocales del TSE reconocen que esta orden judicial constituye “una vulneración flagrante de la independencia de los poderes del Estado”. La sala plena del TSE aceptó la orden, pero aclaró que era “provisional”, mientras solicitan una medida cautelar al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Diversos líderes de opinión calificaron esta decisión judicial como un golpe a la institucionalidad del país. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que este fallo en contra del TSE representa una “cínica parcialidad con el Gobierno”.
No cabe dudas de que la falta de independencia entre poderes del Estado se viene acentuando desde que el MAS asumió el poder hace casi dos décadas. Si antes esta situación fue aprovechada por este partido para promover sus propios intereses en detrimento de la oposición, ahora que el MAS se encuentra dividido, esta inequidad la tiene que sufrir la facción evista.
Sin embargo, las vulneraciones a la institucionalidad democrática afectan a toda la sociedad boliviana, no solo a las facciones de un partido. La falta de controles y contrapesos entre los poderes facilita la corrupción, ya que no hay una supervisión efectiva para evitar el abuso del poder y la malversación de fondos públicos.
Instituciones dirigidas por personas que tienen conflictos de intereses no son confiables. Las últimas decisiones de Campero no hacen otra cosa que sembrar aún más desconfianza. La propia condición de validez provisional de este congreso del ala arcista es el corolario de una serie de vicios procesales y de dudosas interpretaciones de la normativa vigente.
Estamos ante un deterioro en la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas y garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, lo que requiere acciones correctivas para fortalecer la institucionalidad y restaurar la confianza en las instituciones del Estado.
El Gobernador debía declarar hoy 12 de julio a las 10.00 en la ciudad de Santa Cruz, sin embargo ahora no se tiene fecha para su comparecencia.
Santa Cruz, 12 de julio (AEP) Después de que los funcionarios del Ministerio Público recibieron “amenazas de muerte”, la Fiscalía determinó reprogramar la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El fiscal Carmelo Laura no precisó la fecha de reprogramación y dijo que se daría mayor información a su retorno a la sede del Gobierno, adonde se podría trasladar la declaración de Camacho. “Vamos a reprogramar una vez estemos en la ciudad de La Paz”, aseveró el fiscal del caso.
“La comisión de fiscales ha sufrido una serie de amenazas muy graves en el transcurso de la recepción de la declaración en este caso del señor José Luis Camacho Parada; en ese entendido, hemos dado a conocimiento para que se dé esa situación y hemos dado por suspendido”, dijo Laura en una conferencia de prensa.
El abogado y miembro del Comité Impulsor del Juicio por el Golpe de Estado de 2019, Aldo Michel, explicó que estas acciones son fruto de la presión de la familia Camacho. “El señor Camacho debe declarar en La Paz por jurisdicción”, aseveró.
También explicó que el Ministerio Público debe ser más riguroso con el caso y los sindicados. “Hay que evitar dilaciones y acciones que puedan incluso atentar contra la vida de los operadores de justicia”, finalizó.
Jorge Nina, abogado de la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty, sostuvo que existen los indicios para que la Fiscalía ordene la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre, José Luis Camacho, por el caso Golpe de Estado I.
“Hay un memorial de aprehensión directa que se ha presentado, donde se dice que hay riesgo de fuga, obstaculización y probabilidad de autoría”, indicó el jurista.
Empresario, conservador, ultraderechista, Luis Fernando Camacho adquirió un papel clave en el derrocamiento del expresidente constitucional Evo Morales.
A través de su radicalidad, Camacho se impuso como uno de los líderes de la oposición al gobierno del expresidente de Bolivia Evo Morales
El 21 de octubre de 2019, un día después de las elecciones, el actual Gobernador cruceño no esperó los resultados oficiales, pidió inmediatamente la renuncia del Presidente e impulsó un llamado a la huelga general.
Camacho se formó en las filas de la Unión Juvenil Cruceñista, una “especie de grupo paramilitar” según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que la ha denunciado, junto al Comité Cívico de Santa Cruz, por sus discursos secesionistas, gremialistas y racistas, que terminaron en ataques contra indígenas de su propio pueblo.
A su vez, este personaje fue quien brindó apoyo a los grupos paramilitares que causaron tanto miedo y zozobra durante el golpe de Estado.
La denuncia de Lidia Patty
El caso Golpe de Estado I fue abierto en diciembre de 2020 por una demanda de la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien acusó de terrorismo, sedición y conspiración a la expresidenta de facto Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de exjefes militares y policiales, por la sucesión inconstitucional de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, luego de ser acusado sin pruebas de cometer un fraude electoral en los comicios de ese año.
Patty recientemente pidió ampliar la acusación en contra de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además de Samuel Doria Medina.
La Paz, 23 de junio (ABI) De enero a abril, Bolivia alcanzó un récord histórico en materia de exportaciones, cuyo valor llegó a 4.278 millones de dólares, informó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.
“Estamos muy contentos por esta información compilada por el INE respecto a las exportaciones que ha presentado nuestro país; hemos batido récords históricos llegando a los 4.278 millones de dólares en exportaciones a abril de este año. Nuestro mejor año fue el 2014, donde los precios de los hidrocarburos y minerales eran altos, llegando entre enero y abril a los 4.228 millones; ahora hemos superado esa cifra y es el mayor récord en el primer cuatrimestre del año que hemos registrado en toda la historia de nuestro país”, dijo Blanco en contacto con Bolivia Tv.
Ante un repunte significativo de la economía boliviana la prensa boliviana recoge en sus páginas los pormenores y repercusiones de esta situación que se alcanza a menos de dos años de la gestión gubernamental de Luis Arce Catacora.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones totales a abril de 2022 muestran un incremento de 33%, habiendo alcanzado a $us 4.278 millones, cifra mayor en $us 1.069 millones a la registrada en el mismo período de 2021. Este comportamiento se explica por las variaciones positivas que registraron todas las actividades económicas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 79,6%; extracción de hidrocarburos, 33,7%; extracción de minerales en 16,0% e industria manufacturera 40,2%.
“Este récord es el resultado de un trabajo que se realiza en muchas áreas, es resultado del desarrollo del sector productivo y de la política de sustitución de importaciones e incentivos al aparato productivo nacional”, aseveró el viceministro.
Detalló que la mayor parte de las exportaciones (51%) corresponde al sector manufacturero, como oleaginosas, productos industriales, derivados de girasol, bananas, carpintería, manufacturas de madera, productos agropecuarios, joyería, oro metálico, entre otros.
“En cuanto a políticas de Gobierno, hay que destacar los incentivos al aparato productivo, como créditos dirigidos a la sustitución de importaciones, logrando reducir en un 33 por ciento las importaciones de alimentos, como tomate, arroz, leche en polvo, entre otros”, ponderó Blanco.
PRINCIPALES
La mayor parte de las exportaciones (51%) corresponde al sector manufacturero, como oleaginosas, productos industriales, entre otros.
La expresidenta Jeanine Áñez tomaba decisiones como presidenta del Senado antes de hacerse de ese cargo. También instruía a las FFAA, sin contar con esas prerrogativas.
La Paz, 17 de junio (LR) La expresidenta Jeanine Áñez “no se encontraba en la línea de sucesión constitucional” y tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores la mañana del 12 de noviembre de 2019, cuando no se había declarado presidenta de esa instancia legislativa, establece el fallo que la condenó a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II.
Justamente se la enjuició y sentenció por la forma cómo se hizo de la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse del poder, en ese noviembre de 2019, dos días después de la dimisión del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.
“Se ha llegado a establecer que la acusada no se encontraba en la línea de sucesión constitucional de reemplazo del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en la sentencia conocida en su integridad el miércoles, donde también se sostiene que se “auto-designó” como presidenta del Senado.
De acuerdo a las pesquisas, Áñez se hizo de la Presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no está contemplado en el Reglamento de Debates, que reserva ese derecho solo a la mayoría, en ese caso el MAS. Tampoco, según el documento, verificó la dimisión de la entonces presidenta de los senadores Adriana Salvatierra o la situación en Diputados, donde estaba en ejercicio de la presidencia Susana Rivero.
“Sin encontrarse legalmente habilitada como Presidenta de la Cámara de Senadores, en fecha 12 de noviembre de 2019, a horas 08.30 AM tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores” e identificó a quienes deberían recibir la correspondencia.
Aunque ya un día antes, la noche del 11, hacía declaraciones como Presidenta del Senado. “En un medio televisivo Unitel emite una convocatoria a las FFAA, responsabilizando a ese institución de lo que suceda en el país, y la realiza en su calidad de Presidenta del Senado”, incumpliendo, según la sentencia, preceptos constitucionales que solo asignan al Presidente del Estado dar órdenes a la institución armada.
También ya firmaba documentos. A través de una nota dirigida al excomandante de las FFAA Williams Kaliman “instruyó de forma ilegal al general Williams Kaliman Romero el resguardo de los alrededores de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Áñez fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las layes, al igual que la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre ellos Kaliman y de la Policía Yuri Calderón.
Una reunión de cívicos y políticos de oposición en la Universidad Católica Boliviana (UCB) determinó el curso de la sucesión. De hecho desde la sala de esa reunión se habría llamado a Áñez para ofreceré la Presidencia de Bolivia.
La defensa de la sentencia anunció apelaciones e incluso acudir a instancias internacionales.
La jerarquía de la iglesia católica con monseñor Ricardo Centellas como presidente de CEB está comprometida hasta la médula con la derecha y extrema derecha. Este controvertido religioso que en noviembre del 2019 le pidió la renuncia al presidente Evo Morales, a través de una carta emitida desde Potosí, en coordinación con los militares, el Comité Cívico de Santa Cruz y el CONADE de La Paz, en resumen un bodrio fascista.
El «ipso facto» del monseñor Centellas
Centellas, en un comunicado del 19 de marzo de 2021, a nombre de la Conferencia Episcopal Boliviana, confesó el “método” «ipso facto» que se usó el 12 de noviembre de 2019 para consumar el golpe de Estado contra Evo Morales. La frase es simple y brutal a la hora de entender por qué una segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, de un partido minoritario, con un largo prontuario de posiciones racistas ante la mayoritaria población indígena, sería investida con la banda presidencial en un oscuro cuarto del viejo Palacio de Gobierno y por un general en traje de combate.
La iglesia católica se comprometió con los golpistas desde un inicio, sacramentando el ilegal nombramiento de Jeanine Añez en las instalaciones de la Universidad Católica Boliviana, en un conciliábulo junto a Tuto Quiroga, Doria Medina y otros emisarios de la extrema derecha nacional e internacional.
Durante la permanencia de los golpistas en el gobierno la iglesia se mostró codo a codo con los represores, siendo la acción más simbólica las bendiciones desde helicópteros en las principales ciudades del país. Como corolario nunca tuvieron el más mínimo reproche por las masacres, las persecuciones y los encarcelamientos de ciudadanos inocentes.
Desde la recuperación de la democracia la iglesia ha desplegado toda su parafernalia mediática para defender a los golpistas, recordemos que para ellos no hubo golpe, hicieron eco del relato del “fraude” y lo hicieron en tándem entre seis o siete obispos domingo a domingo desde el púlpito y a través de su multimedia privada.
Una de las acciones más oscuras del clero es el informe enviado al Papa sobre el Golpe donde expían de culpa a sus socios y así mismos. Utilizaron la falacia de “vacío de poder” para intervenir políticamente. Esta carta sacrílega les dio oxígeno a los golpistas que se atrincheraron en los “dichos” de la iglesia.
Con su última propuesta la iglesia intenta reeditar lo sucedido en 2019, sumándose al coro de los pedidos de la oposición que señalan “que primero hay que resolver los problemas de la justicia antes de juzgar a los sindicados por el Golpe”, la pregunta es ¿será que los curas convocan a una reunión en la UCB para elegir arbitrariamente jueces y fiscales?
La jerarquía católica ha llegado muy lejos y el Ministerio Público debe investigar sus acciones sediciosas y golpistas.
La única forma de evitar un segundo golpe de Estado en Bolivia y que se logre la reconciliación, es que primero se haga justicia para las víctimas de las masacres de 2019, coincidieron en señalar Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información y el abogado Tomas Becker, de la clínica de derechos humanos de Harvard.
Ambos especialistas, entrevistados este martes en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, coincidieron también en denunciar que continúan las agresiones y amenazas de organizaciones delincuenciales, como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) contra activistas de derechos humanos y contra la senadora Patricia Arce.
“La reconciliación en Bolivia y la manera de evitar un segundo intento de golpe, es lograr justicia y respeto por los derechos de todas y todos los bolivianos”, indicó Ledebur.
Ella denunció que sufre constantes amenazas y agresiones mediante redes sociales por parte de integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala.
Lamentó que Yassir Molina, Milena Soto, los hermanos Bascopé y otros integrantes de la RJC, sean tratados con delicadeza por la justicia pese a los antecedentes de violencia, agresiones contra mujeres de pollera y campesinos que protestaron para recuperar la democracia en 2019.
Por su lado, el abogado Becker fue enfático al señalar que “no hay reconciliación si no hay justicia para las víctimas” de las masacres de 2019.
Agregó que existe suficiente evidencia e informes internacionales que demuestran que en Bolivia se registraron masacres durante el régimen de Jeanine Áñez y que los grupos paramilitares, como la RJC, deben ser desmantelados.
Becker dijo que sufre constantes amenazas por parte de integrantes de esa organización criminal y aseguró que la senadora Patricia Arce, quien fue vejada por ese grupo en 2019, también recibe amenazas en la actualidad.
El presidente Luis Arce Catacora informó este jueves, durante la inauguración del XIV «Encuentro de Economistas de Bolivia», que la restitución del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo en el país empieza a arrojar resultados positivos porque la tasa del desempleo bajó al 6,5% y se logró un superávit comercial de $us 1.817 millones.
Presidente de Bolivia Luis Arce
“Bolivia tiene su propio modelo económico, lo hemos reinstalado en noviembre del año pasado y ya tenemos resultados importantes y entre estos resultados importantes está el tema del desempleo (…). Hoy tenemos una tasa de desempleo a agosto de este año del 6,5%”, afirmó el primer mandatario.
Arce recordó que durante el régimen de facto el desempleo trepó al 11,6%, la más alta de los últimos 50 años a consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal; pero a agosto de esta gestión se redujo al 6,5% producto de la aplicación de un modelo económico boliviano.
Durante el gobierno de facto, la balanza comercial apenas llegó a $us 342 millones, pero esta cifra se revirtió porque a la fecha se logró un superávit que alcanza a $us 1.817 millones producto de la diversificación de la economía y por la política de sustitución de importaciones. Las exportaciones bolivianas bordean los $us 7.000 millones.
“Bolivia ha demostrado en 14 años, que aplicando un modelo económico propio, que sale de la cabeza de nosotros mismos, los bolivianos; cuando los bolivianos pensamos con nuestra cabeza nos va mejor que cuando copiamos del extranjero modelos que no sirven para la realidad económica nacional”, señaló en el acto de inauguración.
Ejemplificó que el modelo económico boliviano se irradió alrededor del mundo, por lo que existe una fuerte corriente en países que se resisten a aplicar recetas ortodoxas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales.
Este jueves se inauguró la XIV versión del «Encuentro de Economistas de Bolivia», organizado por el Banco Central de Bolivia (BCB) en el auditorio del ente emisor, en la ciudad de La Paz, con la participación de expertos nacionales e internacionales. El panel de expositores estará integrado por Ha-Joong Chang, con la temática «Políticas económicas para la sustitución de importaciones»; Enrique Dussel Peters con «Tendencias de la economía mundial, regional y su impacto en la actividad económica nacional».
También estará presente Stephanie Kelton, con la exposición «Política monetaria, cambiaria y fiscal para la reactivación económica»; Gabriel Lopetegui con «políticas expansivas, estabilidad y profundización del sistema financiero: oportunidades y desafíos»; y Joshua Blumenstock con «Diseño de políticas no convencionales para el proceso de recuperación en contexto de incertidumbre».
El tema de este encuentra se titula: «Políticas no convencionales para la recuperación económica en tiempos de pandemia», la cual se desarrollará en cinco líneas investigativas a cargo de los expertos en el sector. Al encuentro asisten estudiantes y docentes de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Universidad Salesiana de Bolivia (USB) y otras casas de estudio.
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que para este año se estima que la renta petrolera sea de aproximadamente $us 1.900 millones, lo que significaría un incremento de $us 248 millones respecto a los $us 1.652 millones que se produjeron durante el gobierno de facto en 2020.
La autoridad cabeza de sector subrayó que gracias a las políticas del Presidente Luis Arce, Bolivia comienza a encaminar la reactivación económica a través de mayores ingresos por la venta de los hidrocarburos, lo que beneficia directamente a todos los bolivianos.
“Yo estimo que ante la posibilidad de una subida en los precios del —crudo— WTI (West Texas Intermediate), que tienen un efecto en los precios de gas de exportación a Brasil y Argentina, habría una variable positiva para el país que nos permitiría superar incluso los $us 1.900 millones de renta petrolera”, manifestó el Ministro en entrevista con el programa “Las 7 en el 7”, que se transmite por Bolivia TV.
Franklin Molina indicó que el aumento de la renta significa mayores ingresos para los municipios y gobernaciones, lo que se traduce en más obras para los bolivianos.
El Ministro destacó la gestión del Ejecutivo para lograr que Bolivia consiga estos avances en medio de la pandemia del Covid-19, que aún afecta tanto al país como a otros estados del mundo; y luego de nefastas decisiones que se tomaron durante el gobierno golpista que afectaron considerablemente al sector hidrocarburífero, como el caso de la denominada octava adenda con la compañía Petrobras.
En marzo de 2020, el entonces Ministro de Hidrocarburos de Jeanine Áñez, Víctor Hugo Zamora, firmó dicho contrato en el que se establecía un volumen mínimo de entrega de 14 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) y un máximo de 20 MMm3d.
Además, aquel documento obligaba a que el energético se entregue a Petrobras en Puerto Suárez (Mutún), frontera con Brasil, y ya no en Río Grande, y que el costo de transporte, que antes era pagado por la petrolera brasileña, corra por cuenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Esta nefasta gestión del gobierno golpista supuso una pérdida mensual de $us 5,3 millones en los ingresos de YPFB.
Inversión
Ante esa situación, y siguiendo el mandato de Luis Arce, el titular de la cartera estatal aseguró que hasta diciembre se tiene previsto invertir $us 788 millones en el sector petrolero, de los cuales más del 40% se destinará a obras de exploración y de mejoramiento para canales de exportación.
De igual modo, el Ministro Molina señaló que hasta fin de año se destinarán $us 130 millones para 90.000 nuevas conexiones de gas domiciliario en el país, lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Asimismo, los proyectos de redes de gas generan empleo para los bolivianos, ya que en el país existen unas 40.000 microempresas que se dedican a este oficio.
Generación Distribuida
El titular de Hidrocarburos y Energías también destacó la gestión del Gobierno Nacional para encaminar el cambio en la matriz energética, principalmente con la generación de energías limpias en el marco del cuidado al medio ambiente.
Por ello enfatizó la importancia del Decreto Supremo Nº 4477 y su Reglamento, que viabilizan el uso de sistemas fotovoltaicos (paneles solares) en casas y edificios particulares.
“De este modo el usuario no solo ahorra en el gasto de electricidad, sino que se convierte en un generador más de energía eléctrica, ya que el excedente que produce se inyecta al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, explicó.
Electromovilidad
Del mismo modo, el Ministro Franklin Molina destacó la política nacional de promover el uso de vehículos y maquinaria agrícola que operan con electricidad, los cuales generan menor contaminación que los motorizados a combustión.
“—Mediante el Decreto Supremo Nº 4539— se habilitan una serie de incentivos, por ejemplo para las empresas que deseen importar o ensamblar vehículos eléctricos en zonas francas industriales a través de la eliminación de aranceles”, explicó.
La autoridad cabeza de sector dijo que Bolivia cuenta con una gran capacidad de producción de energía eléctrica, la cual proviene en más del 50% de fuentes renovables.
Por ello, está garantizado el abastecimiento de este recurso para la demanda interna y las exportaciones a otros países. Además, el Estado Plurinacional de Bolivia continúa ejecutando proyectos para aumentar la generación de electricidad.
Litio
Finalmente, el Ministro Molina se refirió a las políticas del Estado orientadas a convertir a Bolivia en un país industrializador de litio, ya que en el territorio nacional se encuentran las mayores reservas certificadas de ese recurso evaporítico con más de 21 millones de toneladas en el Salar de Uyuni (Potosí), sin contar los reservorios de los salares de Coipasa (Oruro) y Pastos Grandes (Potosí).
“Con nuestro Presidente hemos lanzado una convocatoria para adquirir la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL). —En el futuro— nueve compañías realizarán pruebas piloto en el país sobre el uso de esta herramienta que nos permitirá acelerar la industrialización — del oro blanco—”, manifestó.
Con la tecnología EDL, Bolivia podría acortar los plazos para comenzar con la producción industrial de cátodos, carbonato de litio y finalmente baterías de litio, pieza clave de los vehículos eléctricos que son el futuro del parque automotor mundial.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías mantiene su firme compromiso de apoyar la reactivación económica del país para salir adelante.
Ante denuncia de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, la Fiscalía General del Estado acusó a Jeanine Áñez Chávez por el delito de genocidio, que tiene una pena de cárcel de hasta 30 años, debido a que ella estuvo a cargo de las FFAA y de la Policía en 2019 y aprobó dinero para sus operaciones planificadas que causaron matanzas, ejecuciones extrajudiciales de al menos 20 personas y centenares de heridos que protestaban contra su gobierno que fue conformado sin cumplir el quorum exigido en el Legislativo.
Esos datos están contenidos en el Requerimiento Acusatorio para enjuiciamiento y solicitud para autorización de juzgamiento. Caso CU FGE20210005, presentado este viernes por la Fiscalía General del Estado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El documento incluye una larga lista de militares y policías que participaron en las masacres de Sacaba y Senkata, la lista de los 20 familiares de las víctimas que presentaron su denuncia, sus testimonios, las autopsias de las personas fallecidas en esas matanzas, documentos internacionales, jurisprudencia, informes oficiales remitidos por las FFAA, peritajes, entrevistas, informes de respaldo, entre otros insumos.
Respecto a Jeanine Áñez Chávez, el Requerimiento Acusatorio señala que ella se autoproclamó presidenta del país y asumió el mando de las FFAA y la Policía en 2019.
“ (…) de la Sra. Jeanine Áñez Chávez, y a tal efecto, debe tenerse presente que conforme la documentación colectada y cursante en obrados se tiene que la misma en fechas 15 y 19 de noviembre de 2019, ejerció las funciones de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, (autoproclamada en una sesión Parlamentaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional llevada adelante sin quorum y sin cumplir la formalidad prevista por ley, la que fue ampliamente cuestionada por diversos sectores sociales del país), asumiendo de esa manera el nivel jerárquico más alto de toda la estructura del Poder Ejecutivo del Estado Boliviano, y a su vez el control y dominio total de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, con absoluto poder de mando para la conducción y dirección de las acciones y políticas de orden y seguridad en el interior del País, ejercitándose en estas condiciones la represión contra un sector de la población boliviana, más concretamente en contra de ciudadanos del Trópico de Cochabamba, identificados como miembros de «comunidades interculturales. (Masacre de Sacaba) y ciudadanos de Senkata de la ciudad de El Alto (Masacre de Senkata), que se encontraban plenamente identificados, y compartían componentes culturales e ideológicos contrarios al gobierno instituido, basados fundamentalmente en el permanente rechazo y cuestionamiento a su toma del poder, representando así un riesgo para la continuidad de su gobierno”, indica el documento de la Fiscalía.
Esa institución recordó que la norma Constitucional, señala: “Artículo 172 .· Son atribuciones de la Presidenta o de/ Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 18. Designar y destituir al Comandante General de la Policía Boliviana. 25. Ejercer el mando de Capitana o Capitán General de las Fuerzas Armadas, y/ o, disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio. Articulo 246.- I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe”.
La acusación de la Fiscalía, indica que las masacres de Senkata y Sacaba, “acontecieron tras la planificación y ejecución operativa conjunta policial militar dispuesta por el nivel central de Gobierno bajo la autoridad y aquiescencia de JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ quien en ese momento ejercía funciones de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, habiendo asumido además el control de las fuerzas del orden y seguridad del Estado (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana), extremo que fue operativizado por los entonces Ministros de Estado Arturo Carlos Murillo Prijic (Ministro de (Gobierno) y Luis Fernando López Julio (Ministro de Defensa), con la participación de los Comandantes a nivel nacional de la Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Gral. Sergio Carlos Orellana Centellas y Cnel. Rodolfo Antonio Montero Torricos, respectivamente, quienes asintieron y toleraron la participación en estos hechos, de grupos militares especializados, munidos con armamento y munición letal, entre los cuales se encontraba el grupo denominado GCAII (Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita «Libertador Simón Bolívar») con base de operaciones en la Brigada Aérea de la ciudad de La Paz, dependiente del Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, para entonces Gral. Brig. Ciro Orlando Álvarez Guzmán (sic)”.
Por todo ello, la Fiscalía señaló que “la Sra. Jeanine Áñez Chávez la comisión del delito de GENOCIDIO, cuya descripción y sanción penal se encuentra definido conforme lo siguiente: Código Penal – Articulo 138.- (Genocidio) Quien o quienes con propósito de destruir total o parcialmente a la población boliviana, nación o pueblo indígena originario campesino, comunidades interculturales, afrobolivianas, o segmento de ellos, o grupo de un credo religioso, diere muerte o causare lesiones a sus miembros, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia o de asimilación forzosa, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con privación de libertad de quince (15) a treinta (30) años”.
La acusación agrega que, en la gestión de Áñez, también se incurrió en la comisión de ejecuciones extrajudiciales “ (…) y Corte lnteramericana de Derechos Humanos, así como el contenido del informe del GIEI, permite sostener la existencia de ejecuciones extrajudiciales suscitadas en fechas 15 y 19 de noviembre de 2019 por parte de las fuerzas conjuntas policiales y militares, quienes se encontraban bajo la autoridad y mando de la ciudadana Jeanine Áñez Chávez que ejercía en ese momento las funciones de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia constituyéndose así en la máxima autoridad de gobierno con poder de mando sobre toda la estructura organizacional del Estado”.
En el documento, se acusa también a Jeanine Áñez del delito de Lesiones Graves y Leves y Lesión seguida de muerte.
El tipo penal contenido en el artículo 273 del Código Penal. (Lesión Seguida de Muerte), señala: » El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona, sin que esta hubiese sido querida por el autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) anos».
Respecto al financiamiento a los operativos militares y policiales, la acusación de la Fiscalía indica que: “a) La asignación de recursos se efectuó en cumplimiento del Decreto Supremo No. 4082, afectando la partida 99200 ‘Provisiones para Gastos Corrientes’ del presupuesto de la Entidad 99 ‘Tesoro General de la Nación’. b) (asignación presupuestaria adicional asciende a Bs. 34.796.098.- (Treinta y cuatro millones setecientos noventa y seis mil noventa y ocho 00/ 100 Bolivianos), registrado en el SIGEP”.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que será presentado hoy permitirá elaborar una agenda sobre los derechos humanos para que el Estado garantice los derechos fundamentales y nunca más se masacre la protesta social.
“Este informe tiene que permitir, a través de sus recomendaciones, implementarlas de la forma más saludable, para que mejore, no solamente la política pública alejada de cualquier forma de represión sangrienta (…), sino también hacer agenda de los derechos humanos para que se garanticen las libertades fundamentales, para que nunca más se masacre todo lo que es la protesta social”, explicó Cox en entrevista con Bolivia Tv.
Asimismo, Cox indicó que este informe final permitirá identificar a las personas que trasgredieron los derechos humanos, ya sea por acción u omisión, y quiénes realizaron un manejo irresponsable de la política gubernamental durante septiembre y diciembre del 2019.
«Este documento, no solamente va a ser histórico en su contenido, tiene que ser para que se dé vuelta la página, pero sin perdón ni olvido. Lo que se ha vivido en Bolivia, nunca más se puede reeditar”, expresó.
Cox considera que este documento será un respaldo para que el Ministerio Público, la Policía, además de las autoridades judiciales den continuidad a las investigaciones en búsqueda de justicia para las familias bolivianas que sufrieron por las masacres y violaciones a los DDHH.
“(Este informe) nos va a dejar grandes acciones para que podamos programar, como bolivianos y bolivianas, como autoridades (…), lo que tenemos que hacer para que nunca más se trastoque la democracia y para que nuestro Estado de derecho sea mucho más saludable en función a las recomendaciones, que venga a dar tranquilidad a la población que ha sufrido de la violencia estatal dentro de un gobierno de facto”, indicó Cox.
Es bien conocido el papel del petróleo en la configuración de la geopolítica mundial. Desde que el petróleo pasó a ser esencial para el transporte mundial –y por tanto para el funcionamiento de la economía mundial–, se ha considerado, por razones evidentes, un recurso estratégico. Puesto que las mayores concentraciones de petróleo se hallan en Oriente Medio, una región históricamente alejada de los principales centros de actividad industrial en Europa y Norteamérica y sujeta regularmente a convulsiones políticas, las principales naciones importadoras trataron durante mucho tiempo de ejercer cierto control sobre la producción y la exportación de petróleo de esta región. Esto dio lugar a un imperialismo de nivel superior sobre los recursos. Comenzó después de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña y las demás potencias europeas se disputaron el control colonial de las zonas petrolíferas de la región del Golfo Pérsico. Esa lucha continuó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando EE UU entró espectacularmente en esta competición.
Para EE UU, garantizar el acceso al petróleo de Oriente Medio pasó a ser una prioridad estratégica tras las crisis del petróleo de 1973 y 1979, la primera causada por un embargo petrolero árabe en represalia por el apoyo de Washington a Israel en la guerra de octubre de aquel año, y la segunda por una interrupción de los suministros provocada por la revolución islámica en Irán. En respuesta a las colas interminables ante las gasolineras de EE UU y a las recesiones subsiguientes, los sucesivos presidentes se comprometieron a proteger las importaciones de petróleo por todos los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza armada. Es la postura que llevó al presidente George H. W. Bush [1989-1993] a librar la primera guerra del Golfo contra el Irak de Sadam Husein en 1991 y a su hijo [George W. Bush, 2001-2009] a invadir ese mismo país en 2003.
En 2021, EE UU ya no depende tanto del petróleo de Oriente Medio, dada la amplitud de la explotación mediante la tecnología de fracturación hidráulica de los yacimientos nacionales de esquistos y otras rocas impregnadas de petróleo. Sin embargo, el vínculo entre el consumo de petróleo y los conflictos geopolíticos no ha desaparecido. La mayoría de analistas piensa que el petróleo seguirá aportando una parte importante de la energía mundial en las próximas décadas, lo que no dejará de suscitar luchas políticas y militares en torno a las reservas restantes. Por ejemplo, ya han estallado conflictos en relación con las reservas extraterritoriales en los mares de China Meridional y Oriental. Ciertos analistas predicen también una lucha por el control de los yacimientos petrolíferos y minerales no explotados de la región ártica.
He aquí, por tanto, la cuestión que se plantea: ¿cambiará todo esto el fuerte aumento de usuarios de automóviles eléctricos? La cuota de mercado de los automóviles eléctricos ya aumenta rápidamente y se calcula que alcanzará el 15% de las ventas mundiales en 2030. Las grandes fábricas de automóviles invierten masivamente en este tipo de vehículos, anticipando un fuerte crecimiento de la demanda. En 2020 había en el mundo alrededor de 370 modelos de automóviles eléctricos disponibles en el comercio –lo que supone un aumento del 40% con respecto a 2019–, y los principales fabricantes han anunciado su intención de aportar 450 modelos suplementarios de aquí a 2022. Además, General Motors ha anunciado su intención de suprimir completamente los vehículos de gasolina y gasóleo convencionales de aquí a 2035, mientras que el director general de Volvo ha afirmado que en 2030 la empresa no venderá más que vehículos eléctricos.
Cabe pensar razonablemente que esta evolución no hará más que acelerarse, con profundas consecuencias para el comercio mundial de recursos. Según la AIE, un vehículo eléctrico típico precisa seis veces más insumos minerales que un vehículo clásico que funciona con petróleo. Se trata en particular de cobre para el cableado eléctrico, así como de cobalto, grafito, litio y níquel, necesarios para garantizar las prestaciones, la longevidad y la densidad energética (la energía producida por unidad de peso) de la batería. Además, los elementos de tierras raras serán esenciales para los imanes permanentes instalados en los motores eléctricos.
El litio, componente principal de las baterías de iones de litio, utilizadas en la mayoría de vehículos eléctricos, es el metal más ligero que se conoce. Aunque está presente tanto en los depósitos de arcilla como en minerales compuestos, raramente se da en concentraciones fácilmente explotables, si bien también puede extraerse de la salmuera en regiones como el Salar de Uyuni en Bolivia, la extensión de sal más grande del mundo. Actualmente, alrededor del 58% del litio mundial proviene de Australia, el 20% de Chile, el 11% de China, el 6% de Argentina y en proporciones menores de otros países. Una empresa estadounidense, Lithium Americas, está a punto de iniciar la extracción de cantidades importantes de litio de un yacimiento de arcilla en el norte de Nevada, pero choca con la resistencia de los ganaderos locales y la población indígena, que temen la contaminación de sus reservas de agua.
El cobalto es otro componente clave de las baterías de iones de litio. No es frecuente encontrarlo en yacimientos puros y casi siempre se obtiene como subproducto de la extracción de cobre y níquel. Actualmente se produce casi en su totalidad a partir de la extracción de cobre en la RDC, país caótico asolado por conflictos violentos, principalmente en el llamado cinturón de cobre de la provincia de Katanga, una región que en el pasado había intentado separarse del resto del país y que todavía muestra veleidades secesionistas.
Los elementos de tierras raras engloban un grupo de 17 sustancias metálicas dispersas en la corteza terrestre, pero rara vez se hallan en concentraciones explotables. Varias de ellas son esenciales para las futuras soluciones energéticas verdes, especialmente el disprosio, el lantano, el neodimio y el terbio. Utilizados en aleaciones con otros minerales, contribuyen a perpetuar la magnetización de los motores eléctricos en condiciones de alta temperatura, un requisito clave para los vehículos eléctricos y los aerogeneradores. Actualmente, alrededor del 70% de los elementos de tierras raras provienen de China, tal vez un 12% de Australia y el 8% de EE UU.
Una simple ojeada a la localización de estas concentraciones revela que la transición a la energía verde que plantean el presidente Biden y otros líderes mundiales podría chocar con graves problemas geopolíticos, que no dejan de recordar los que generó en el pasado la dependencia del petróleo. Para empezar, la nación más poderosa del planeta desde el punto de vista militar, EE UU, no puede aprovisionarse más que de pequeñas cantidades de ETR, así como de otros minerales esenciales, como el níquel y el zinc, para las tecnologías verdes avanzadas. Si Australia, una fiel aliada, seguirá siendo sin duda una proveedora importante de algunos de ellos, China, considerada cada vez más como adversaria, es crucial con respecto a los ETR. Congo, uno de los países más devastados del planeta por las guerras, es el principal productor de cobalto. Por tanto, no pensemos ni por un instante que la transición a un futuro basado en las energías renovables será fácil o estará exenta de conflictos.
El choque que viene
Ante la perspectiva de un abastecimiento insuficiente o de la dificultad de acceso a estos materiales críticos, los estrategas de la energía ya reclaman un esfuerzo importante por desarrollar nuevas fuentes de aprovisionamiento en el mayor número de lugares posible. “Hoy, los planes de abastecimiento y de inversión en relación con numerosos minerales críticos están bastante lejos de lo que hace falta para sostener un despliegue acelerado de paneles solares, aerogeneradores y vehículos eléctricos –ha declarado Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE–. Estos riesgos son reales, pero se pueden superar. La respuesta de las autoridades políticas y de las empresas determinará si los minerales decisivos siguen siendo un catalizador esencial para las transiciones energéticas limpias o se convierten en un cuello de botella en el proceso.”
Sin embargo, como Fatih Birol y sus socios de la AIE han señalado con toda claridad, superar los obstáculos que dificultan el aumento de la producción de minerales será todo menos fácil. Para empezar, el lanzamiento de nuevos proyectos mineros puede resultar extraordinariamente costoso y encerrar numerosos riesgos. Las empresas mineras pueden estar dispuestas a invertir miles de millones de dólares en un país como Australia, donde el régimen jurídico es acogedor y donde pueden esperar protección frente a expropiaciones o guerras futuras, pero numerosas fuentes minerales prometedoras se hallan en países como la RDC, Myanmar, Perú y Rusia, donde esas condiciones apenas se dan. Por ejemplo, los disturbios actuales en Myanmar, un importante productor de determinados elementos de tierras raras, ya han suscitado inquietud con respecto a su futura disponibilidad y provocado un alza de los precios.
El descenso de la calidad de los minerales preocupa. Con respecto a los yacimientos mineros, el planeta ha sido objeto de búsquedas sistemáticas, según los casos desde la edad de bronce, y buen número de ellos se descubrieron hace tiempo y se explotan desde entonces. “Estos últimos años, la calidad de los minerales ha seguido disminuyendo con respecto a toda una serie de productos básicos –señala la AIE en su informe sobre los minerales cruciales y las tecnologías verdes–. Por ejemplo, el contenido medio del mineral de cobre en Chile ha disminuido un 30% en los últimos 15 años. La extracción del contenido metálico de minerales de menor contenido requiere más energía, lo que presiona al alza el coste de producción e incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y el volumen de los residuos”.
Además, la extracción de minerales de formaciones rocosas subterráneas implica a menudo el uso de ácidos y otras sustancias tóxicas y requiere en general grandes cantidades de agua, que resulta contaminada después de su uso. Este problema se ha agravado a raíz de la promulgación de leyes sobre la protección ambiental y de la movilización de las comunidades locales. En numerosas regiones del mundo, como en Nevada en relación con el litio, los renovados esfuerzos de extracción y tratamiento del mineral chocarán con una oposición local cada vez más combativa. Por ejemplo, cuando la empresa australiana Lynas Corporation trató de eludir la legislación ambiental australiana trasladando a Malasia los minerales de su mina de tierras raras de Mount Weld para tratarlos allí, los movimientos locales organizaron una prolongada campaña para impedírselo.
Para Washington, tal vez ningún problema es más espinoso –ya que se trata de la disponibilidad de materiales esenciales para una revolución verde– que el deterioro de sus relaciones con Pekín. Después de todo, China suministra actualmente el 70% de las tierras raras del mundo y dispone de importantes yacimientos de otros minerales esenciales. Además, este país se encarga del refino y tratamiento de numerosos materiales claves que se extraen en otros países. De hecho, en lo tocante al tratamiento de minerales, las cifras son chocantes. China tal vez no produce grandes cantidades de cobalto o de níquel, pero realiza el tratamiento de alrededor del 65% del cobalto y del 35% del níquel que se comercializan en todo el mundo. Si China produce el 11% del litio mundial, dispone de cerca del 60% del litio transformado. Por otro lado, en lo relativo a los elementos de tierras raras, China domina de manera apabullante: no solo suministra el 60% de las materias primas del mundo, sino también cerca del 90% de los ETR transformados.
Simplificando podemos decir que es imposible que EE UU u otros países puedan emprender una transición masiva de los combustibles fósiles a una economía basada en las energías renovables sin cooperar económicamente con China. No cabe duda de que se hará todo lo posible por reducir este grado de dependencia, pero no se ve ninguna perspectiva realista, dentro de un futuro previsible, de eliminar la dependencia de China con respecto a las tierras raras, el litio y otros materiales claves. En otras palabras, si EE UU pasa de una postura algo parecida a la de la guerra fría con respecto a Pekín a otra todavía más hostil, y si emprende nuevos intentos de tipo trumpiano de desacoplar su economía de la de la República Popular, como preconizan numerosos halcones del Congreso, no cabe duda de que el gobierno de Biden tendrá que abandonar sus planes con vistas a un futuro energético verde.
Obviamente, es posible imaginar un futuro en que las naciones comiencen a disputarse las reservas mundiales de minerales esenciales, del mismo modo que en tiempos se disputaron el petróleo. Al mismo tiempo, es perfectamente posible concebir un mundo en el que países como el nuestro abandonan simplemente sus planes de un futuro energético verde por falta de materias primas adecuadas y relanzan las guerras del petróleo del pasado. En un planeta ya de por sí sobrecalentado, esto conduciría a un caos civilizatorio peor que la muerte.
En realidad, Washington y Pekín apenas tienen otra alternativa que colaborar entre ellos y con otros muchos países para acelerar la transición a la energía verde, abriendo nuevas minas e instalaciones de tratamiento de los minerales esenciales, desarrollando sustitutos de los materiales escasos, mejorando las técnicas de explotación minera para reducir los riesgos ambientales y aumentando sustancialmente el reciclado de los minerales vitales de las baterías y otros productos usados. Toda otra alternativa será sin duda un desastre de primer orden, o algo peor.
Gracias a su mismo nombre –energía renovable–, podemos imaginar un porvenir no muy lejano en que desaparecerá nuestra dependencia de combustibles no renovables como el petróleo, el gas natural y el carbón. En efecto, el gobierno de Joe Biden ha anunciado que se ha propuesto como objetivo eliminar totalmente la dependencia de EE UU de estos combustibles no renovables para la producción de electricidad de aquí a 2035. Pretende alcanzar este objetivo “desplegando recursos de producción de electricidad sin contaminación por carbono”, principalmente la energía perpetua del viento y del sol.
Visto que otros países emprenden la misma vía, resulta tentador concluir que pronto pasará a ser historia la época en que la competencia en torno a recursos energéticos limitados era una causa recurrente de conflictos. Lamentablemente, esto no es cierto: si el sol y el viento son efectivamente renovables hasta el infinito, los materiales necesarios para convertir estos recursos en electricidad –minerales como el cobalto, el cobre, el litio, el níquel y los elementos de tierras raras, o ETR– son todo menos renovables. Algunos de ellos, de hecho, son mucho más raros que el petróleo, lo que nos hace pensar que los conflictos mundiales en torno a recursos vitales bien podrían no desaparecer en la era de las energías renovables.
Para comprender esta paradoja inesperada, es preciso examinar cómo las energías eólica y solar se transforman en formas utilizables de electricidad y de propulsión. La energía solar se capta en gran parte mediante células fotovoltaicas [paneles solares fotovoltaicos], a menudo instalados en gran número [las huertas solares], mientras que el viento se aprovecha mediante turbinas gigantes que suelen desplegarse en vastos parques eólicos. Para utilizar la electricidad en el transporte, los automóviles y camiones han de estar equipados con baterías perfeccionadas, capaces de mantener una carga a lo largo de grandes distancias. Cada uno de estos equipos utiliza cantidades notables de cobre para transmitir la electricidad, así como una variedad de otros minerales no renovables. Los molinos eólicos, por ejemplo, requieren manganeso, molibdeno, níquel, zinc y tierras raras para sus generadores eléctricos, mientras que los vehículos eléctricos (VE) necesitan cobalto, grafito, litio, manganeso y tierras raras para sus motores y baterías.
Hoy por hoy, dado que la energía eólica y la solar solo representan el 7% de la producción mundial de electricidad y que menos del 1% de todos los vehículos que circulan son eléctricos, la producción de estos minerales es más o menos suficiente para satisfacer la demanda mundial. Claro que si EE UU y otros países optan realmente por un futuro energético verde, tal como plantea del presidente Biden, la demanda de estos minerales crecerá rápidamente y la producción mundial no podrá responder ni de lejos a las necesidades previstas.
Según un estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), titulado The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, la demanda de litio en 2040 podría ser 50 veces superior a la actual, y la de cobalto y grafito 30 veces superior si el mundo se apresura a reemplazar los vehículos que funcionan con petróleo por vehículos eléctricos. Este aumento de la demanda incitará sin duda a la industria a desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento de estos minerales, pero las fuentes potenciales son limitadas y su puesta en servicio será costosa y complicada. Es decir, el mundo podrá verse sometido a importantes penurias de materiales críticos. (“Ahora que la transición hacia las energías limpias se acelera a escala mundial –señala siniestramente el informe de la AIE– y que proliferan cada vez más los paneles solares, los molinos eólicos y los vehículos eléctricos, estos mercados de rápido crecimiento de los minerales claves podrían quedar expuestos a la volatilidad de precios, a la influencia geopolítica e incluso a dificultades de aprovisionamiento.”)
Y una complicación añadida: con respecto a algunos materiales más críticos, en particular el litio, el cobalto y los elementos de tierras raras, la producción está muy concentrada en unos pocos países, una realidad que podría dar pie al tipo de conflictos geopolíticos que ya jalonaron la dependencia del mundo con respecto a las grandes fuentes de petróleo. Según la AIE, un único país, la República Democrática de Congo (RDC), suministra actualmente más del 80% del cobalto mundial, y otro –China–, el 70% de los elementos de tierras raras. Asimismo, la producción de litio se concentra en lo esencial en dos países, Argentina y Chile, que representan conjuntamente cerca del 80% de la oferta mundial, mientras que cuatro países –Argentina, Chile, y Perú– suministran la mayor parte de nuestro cobre. Es decir, estas reservas futuras están mucho más concentradas en un número mucho más restringido de países que el petróleo y el gas natural, un dato que hace que los analistas de la AIE se inquieten ante las futuras luchas por el acceso a estos recursos.
El presidente, Luis Arce, en su discurso por el aniversario patrio, llamó a profundizar la Democracia Intercultural, a cuidar el Proceso de Cambio en favor de las grandes mayorías y exigió, desde el ámbito de sus competencias, “el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado, quienes deben responder ante la justicia por los actos ilegales ilegítimos y violentos que perpetraron contra el pueblo, la democracia y la Constitución Política del Estado”.
Esas declaraciones se efectuaron este viernes en el acto realizado en las nuevas instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que se engalanó por el 6 de agosto.
La autoridad, tras caracterizar como golpe de Estado lo ocurrido en 2019 y luego de enumerar las secuelas de esa ruptura constitucional, identificó algunos desafíos a futuro para el país.
“De esa crisis política estamos saliendo con el apoyo permanente del pueblo y asumiendo el desafío de profundizar nuestra democracia intercultural, lo que implica no solo preservar la voluntad popular que se emana en las urnas, sino ampliar las formas de participación en la toma de decisiones por parte del pueblo”, manifestó.
“Todas y todos, desde el lugar que nos encontremos, unidas y unidos, sin sectarismos ni exclusiones, tenemos que cuidar nuestro Proceso de Cambio que beneficia a las grandes mayorías”, exhortó la autoridad.
El presidente Arce recordó que, desde 2006, se implementó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, “hecho por bolivianos y para los bolivianos, que recoge nuestras potencialidades para hacer de nuestro país un referente de crecimiento económico con justicia social”.
Ese modelo permitió crecer con beneficios para todas y todos, redistribuir la riqueza, reducir la pobreza, así como las desigualdades económicas y sociales. Además, el modelo apunta a “un mundo en el que también se busque una relación armoniosa entre el ser humano y la Madre Tierra”, sostuvo.
Pero ese proceso de desarrollo se vio interrumpido por el golpe de Estado de 2019 que instauró un gobierno de facto que provocó “una crisis de varias dimensiones que azotaba duramente a nuestro país: política, económica, social, sanitaria, educativa y cultural”.
“Luego del golpe de Estado de 2019, que colocó en el Órgano Ejecutivo a un gobierno inconstitucional e ilegítimo, empezamos a salir de la crisis política gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, que el 18 de octubre de 2020, dio al Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), un 55,1% de apoyo en las urnas, una contundente victoria que devolvió a nuestra Patria a la senda de la democracia”, indicó Arce.
El Presidente destacó el papel de las organizaciones sociales y sindicales en la presión al régimen de facto para que convoque a elecciones y así se recupere la democracia. “Esta histórica elección, no hubiese sido posible sin el bloqueo nacional de caminos y la huelga general declaradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad en agosto del mismo año. Sin ambas medidas de lucha, resistencia y movilización, instaladas en la conciencia y la memoria larga de nuestros pueblos, la democracia no se habría recuperado y el gobierno de facto hubiera continuado en su afán de prorrogarse en el poder utilizando la pandemia como pretexto para seguir vulnerando derechos”, dijo.
“Los 11 meses del gobierno de facto, nos demostraron de manera clara y contundente los objetivos que tuvo el Golpe de Estado: restituir la República colonial y volver a instaurar el fracasado modelo neoliberal”, recordó.
“Tenemos que terminar de cerrar la crisis política abierta por quienes a través de golpes de Estado, y con cómplices internacionales para reprimir al pueblo, siempre quieren imponer con violencia lo que no consiguen democráticamente en las urnas, aquellos que sienten orgullo de destruir nuestra Patria ante la evidente incapacidad que tienen para construirla”, manifestó.
Lamentó que cada vez se encuentran elementos “que demuestran que hubo una ruptura constitucional, que en las elecciones del 20 de octubre de 2019 se escamoteó la voluntad popular al desconocer el triunfo del MAS-IPSP, y que el golpe de Estado estaba preparado con meses de antelación. Un claro ejemplo es que, desde principios de octubre de ese año, es decir antes de las elecciones, algunos líderes de la oposición, de manera totalmente irresponsable con nuestra democracia, amenazaban con impulsar el desconocimiento de los resultados y la desobediencia civil”.
Por todo ello, el Presidente Arce, en el marco de los principios de “memoria, verdad y justicia”, dijo que los tribunales deben hacer justicia con las víctimas del golpe de Estado, procesando y sancionando a los responsables de esas acciones violentas.
“No descansaremos, desde el ámbito de nuestras competencias, de exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado, quienes deben responder ante la justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos que perpetraron contra el pueblo, la democracia y la Constitución Política del Estado. ¡Memoria, verdad y justicia!, ese es un mandato del pueblo, especialmente de las familias de quienes fueron masacrados, así como de los heridos, perseguidos, humillados, criminalizados y detenidos injustamente”.
El Mandatario citó al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando sentó al dictador Hugo Banzer en el banquillo de los acusados de un juicio de responsabilidades. “No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”, manifestó.
El diputado Héctor Arce dijo que se tiene información extraoficial de que el abogado Luis Vásquez Villamor o Jorge Tuto Quiroga podrían ser quienes gestionaron el comunicado, sin firma, del Tribunal Constitucional que fue manipulado en 2019 para avalar la sucesión de Jeanine Áñez. Dicho comunicado fue desconocido por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en un documento enviado a la comisión de fiscales que investiga el caso golpe de Estado.
Arce, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que la versión de presunto fraude ocurrido en 2019 quedó sin sustento tras las investigaciones y la pericia encargada por la Fiscalía que demostró que no hubo manipulación informática en esos comicios. A ello se añade el documento del TCP que asegura que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional respecto a la sucesión de Jeanine Áñez.
El diputado dijo que el entorno de Áñez “usó el comunicado del TCP para hacer creer que hubo sucesión constitucional”.
“¿Quién solicitó que salga este comunicado? Tenemos información extraoficial que aparentemente podría ser Luis Vásquez Villamor, por ejemplo, o Tuto Quiroga. Alguien ha tenido que pedir para que saquen este comunicado”, manifestó.
El legislador solicitó a la Fiscalía investigar las gestiones para la emisión de ese comunicado del TCP que no tiene firma de nadie y es considerado un “panfleto sin valor jurídico”.
Según la carta del TCP dirigida a la comisión de Fiscales el 20 de julio de 2021, “la fecha y hora de publicación del comunicado del 12 de noviembre de 2019, se encuentra descrita en el INFORME TCP-INF-JUI N° 011/ 2021 elaborado por el Jefe de la Unidad de Informática; asimismo, se adjunta el referido comunicado en copia legalizada”.
Política injerencista de Washington contra el gobierno de Evo Morales.
Por Jorge Elbaum
La transferencia de armas realizadas por los expresidentes de Argentina y de Ecuador (Macri y Moreno) al gobierno golpista de Bolivia se desarrollaron en concordancia con la política injerencista de Washington contra el gobierno de Evo Morales.
Una parte de los pertrechos enviados a Bolivia por Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron utilizados por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en las represiones que se sucedieron en Cochabamba y La Paz. Su jefe, Jorge Terceros Lara –el mismo que agradeció la donación de las 40.000 municiones al embajador argentino en La Paz– tuvo a su cargo, por orden de Jeanine Áñez, el operativo que produjo las masacres del 15 noviembre de 2019, en Sacaba, y del 19 de ese mismo mes, en Senkata. En ambos sucesos fueron acribilladas un total de 22 personas y 198 resultaron con heridas de diversa gravedad.
Según funcionarios del Ministerio de Justicia boliviano, en los informes de las autopsias efectuadas sobre los cuerpos de varios de los 22 fallecidos existen evidencias de la presencia de postas idénticas a las encontradas en la última semana en los depósitos de la policía en La Paz. El devoto aporte de Macri a la asonada cívico-militar fue utilizado para asesinar a ciudadanos indefensos que se oponían en las calles a la represión estatal.
Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Argentina informó oficialmente que los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados a La Paz nunca fueron declarados, lo cual complica la situación procesal del ex Presidente, de Patricia Bullrich y de Oscar Aguad, entre otros. Las balas de goma salieron de forma ilegal de la Argentina e ingresaron de igual forma a Bolivia.
Una parte de esa donación clandestina fue encontrada en los depósitos de la Policía Nacional de Bolivia: 26.900 cartuchos de perdigón de goma, unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4 y diversos tipos de granadas de gas. El actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, informó que junto a los envíos argentinos se encontraron “granadas de gases de Estados Unidos (…) Lo que no se sabe es si estaban antes o llegaron junto con lo que envió la Argentina (…) Si existió una triangulación con Estados Unidos, me sorprendería más por lo arriesgada e impune que podría ser una acción como esta”.
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, exhibió el último lunes los pertrechos encontrados y calificó el hallazgo como un “tráfico ilícito de municiones” que se encuentra tipificado con una pena de prisión de hasta 30 años. Junto a los bultos rotulados con el sello de la Gendarmería Argentina se inventariaron chalecos antibalas, un fusil Colt M4, varias escopetas Franchi Spas 15 calibre 12/70, un sub fusil Misión ametralladora MACAL, 2459 cartuchos calibre 9 mm y 750 bultos de cartuchos. Hasta el último viernes se desconocía la procedencia de estos pertrechos, aunque la proximidad con la donación argentina generó sospechas entre las autoridades.
El martes 20 el viceministro del Interior del Estado Plurinacional de Bolivia, Nelson Cox, aseguró, junto a la Procuraduría General del Estado (PGE), que se iniciarán los procesos penales en el exterior contra “altas autoridades” de otros países y funcionarios de organismos internacionales “por su participación en el golpe de Estado de 2019”. Según el embajador boliviano en la ONU, Diego Pary, “los gobiernos de la Argentina, Ecuador y Colombia fueron actores en el golpe de Estado”.
El contrabando se suma a los actos delictivos del ex ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Carlos Murillo, quien permanece detenido en Miami acusado de soborno y lavado de dinero. Murillo recibió 602.000 dólares luego de tramitar la adquisición de gases lacrimógenos y otros implementos de seguridad –por un total de 5,6 millones– para incrementar las capacidades represivas del régimen.
En forma paralela, la máxima autoridad de la Policía Nacional de Ecuador confirmó la cesión de armamento no letal al gobierno de Bolivia, para que pueda disponer de los mismos durante las protestas de noviembre de 2019. Con la anuencia explícita de la embajada de Estados Unidos en la Paz, Lenin Moreno envió 5.000 granadas y 2.000 proyectiles de largo alcance. A raíz de esta dádiva bélica, Fausto Jarrín –legislador opositor al gobierno de Guillermo Lasso– presentó una denuncia contra el exmandatario Moreno ante la Fiscalía General.
El aval del norte
Los transferencias bélicas sólo son comprensibles por las acciones desarrolladas por Washington en el Estado Plurinacional:
el 10 de abril de 2019, seis meses antes de las elecciones, el Senado de los Estados Unidos emite una resolución –la número 35– en la que se advierte “que la era de Morales ha sido testigo de (…) un debilitamiento de las principales instituciones democráticas”, motivo por el cual se le exige a “las democracias latinoamericanas la defensa de las normas y los estándares democráticos”.
El 24 de julio de 2019, el subsecretario adjunto del departamento de Estado, Kevin O’Reilly, viaja a La Paz y se reúne con los embajadores de Perú, la Argentina, Brasil, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). O’Reilly advierte sobre el “escenario de fraude” que atribuyó al gobierno de Evo Morales.
El 21 de octubre el agregado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Bruce Williamson, concedió el visto bueno a Carlos Mesa Gisbert para declarar públicamente que se había producido un fraude.
El 26 de octubre los denominados comités cívicos, ligados a Mesa y a Luis Fernando Camacho Vaca –actual gobernador del Departamento de Santa Cruz de la Sierra– convocan a cercar el Palacio Presidencial de Gobierno. Los funcionarios estadounidenses avalan las movilizaciones ante el “indudable fraude”.
El 27, grupos paramilitares incendian domicilios de funcionarios y legisladores del MAS.
El 28, la comisión evaluadora de la OEA, teledirigida por el Departamento de Estado, transmite su desconfianza respecto al escrutinio que otorgaba más de 10% de diferencia a favor de Evo Morales.
El sábado 2 de noviembre, en cabildo abierto junto al Cristo Redentor de Santa Cruz, Luis Camacho reclama a las Fuerzas Armadas que exijan la dimisión de Morales en las próximas 48 horas. Dos días después Camacho le solicita asilo al cónsul de la Argentina para el caso de que fracase el golpe.
El 10 de noviembre el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, difunde un informe preliminar en el que se cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales. Ese anuncio justifica el pedido de renuncia que le comunica la Junta Militar a Evo Morales.
Lo días subsiguientes se inicia la persecución a todos los legisladores del MAS que continúan en la línea sucesoria presidencial. Se los obliga a renunciar bajo la amenaza de asesinar a sus familias. Eso permite que Jeanine Áñez, integrante de un partido minoritario –la Unidad Demócrata– asuma la presidencia. Áñez, actualmente detenida en el penal de Miraflores, declaró en junio de 2021 que Carlos Mesa fue el encargado de garantizar la dimisión de los cuatro legisladores del MAS que debían asumir luego de la renuncia forzada de Morales.
El 12 de noviembre, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, consideró “ridícula” la consideración de que en Bolivia se había producido un golpe.
Al otro día, el 13, Estados Unidos reconoce a la mandataria golpista como Presidenta, hecho que la empodera para firmar dos decretos, codificados como 4048 y 4100, con los cuales se autoriza a las Fuerzas Armadas a participar de la represión de las protestas y se exime a sus integrantes de la “responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
El 21 de ese mismo mes, Kevin O’Reilly –uno de los planificadores del golpe– brinda una conferencia de prensa en la que manifiesta su más firme apoyo a “a los esfuerzos de la Presidenta Jeanine Áñez”, que incluían –además de las labores represivas– la proscripción de Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones en las que resultaría triunfador Luis Arce.
A principios del 2020 el Departamento de Estado anuncia el intercambio de embajadores con Bolivia luego de doce años de gestionar su delegación diplomática con un encargado de negocios, luego de la expulsión de Philip Goldberg, comprometido en el financiamiento y el apoyo de opositores al gobierno.
En marzo de 2021 Washington exigió al Presidente Arce la liberación de Áñez.
El 13 de abril de 2021 la congresista Stephanie Murphy presentó un proyecto de ley, remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores, en el que se “encomienda al Secretario de Estado la presentación de un informe en el que se identifiquen los esfuerzos de la República Popular China para expandir su presencia e influencia en América Latina y el Caribe, y describa las implicaciones de tales esfuerzos en los intereses de Estados Unidos”. En el proyecto –del que se descuenta su aprobación– se solicitan informes detallados sobre Bolivia, la Argentina, Venezuela y Perú, entre otros países.
La investigadora Loreta Tellería Escobar describe en forma pormenorizada el modelo injerencista utilizado en las últimas dos décadas por Washington. Lo denomina Diplomacia de la Intervención (DI) y consiste en “el uso de mecanismos de presión o coacción, con el fin de cumplir objetivos exclusivos del país que los aplica, en detrimento de la soberanía del país receptor (…) Las habilidades de los embajadores o embajadoras y demás personal diplomático, están formadas y forjadas para intervenir, controlar y dirigir a un determinado país de acuerdo a los intereses del gobierno de Estados Unidos”.
Semanas antes de la asunción de Evo Morales en 2006, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, transmitía un cable confidencial a Washington, filtrado por WikiLeaks, en el que señalaba: “Tratar con el gobierno del MAS requerirá una cuidadosa aplicación de premios y castigos para fomentar buenos comportamientos / buenas políticas y desalentar las malas”.
El estudio de la Universidad de Salamanca de España concluye que en las elecciones presidenciales de 2019 no hubo manipulación de datos del cómputo oficial ni de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), por lo que se descarta el argumento de fraude que la oposición utilizó en el país para desatar una crisis social poselectoral.
“El análisis pericial del proceso electoral ha determinado que se produjeron varias negligencias por parte de la empresa Neotec, encarga del sistema TREP. Sin embargo, no se ha demostrado la existencia de manipulación en los datos ya que existen diferencias significativas entre todas las bases de datos utilizadas durante el proceso electoral”, concluye el estudio.
En conferencia de prensa, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que dicho estudio se realizó en torno a la investigación sobre presuntas irregularidades dentro del caso denominado Fraude Electoral, por lo que el Ministerio Público encargó el trabajo denominado “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la Integridad Informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca- España.
“El informe pericial del proceso electoral determinó que se produjeron negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP; sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019. También demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del Cómputo Oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes”, afirmó Lanchipa.
Explicó que la pericia detectó deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado.
La autoridad agregó que, independientemente de la verificación de la integridad del contenido de la base de datos, se detectaron usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral, como administrador; resultando altamente improbable la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas. Para llevar a cabo esta acción sería necesario un equipo coordinado con accesos a todos los sistemas informáticos, tanto del TREP como al cómputo oficial.
El peritaje, entre sus conclusiones, también señala que “los registros de cada acción se encontraban supervisados por responsables de mantener y garantizar la seguridad, por lo que es imposible que cualquier tipo de movimiento, en este sentido hubiese pasado desapercibido a los responsables de auditar la seguridad de los sistemas informáticos”, puntualizó el Fiscal General.
Antecedentes:
CONSULTORA INTERNACIONAL
El Ministerio Público, en el marco de una investigación transparente y objetiva, luego de un proceso administrativo riguroso, el 15 de abril de 2021 encargó la Pericia al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, equipo de primer nivel compuesto por expertos internacionales, con amplia experiencia y respaldo de prestigiosas universidades que solventan su trabajo y confiabilidad que estuvo dirigida por el Ingeniero, Juan Manuel Corchado PH.D (Doctor en Informática y Doctor en inteligencia Artificial, Director del Parque Científico, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca).
La Pericia Informática tuvo como objetivo evaluar la integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante las Elecciones Generales del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la verificación de la seguridad de la infraestructura utilizada y los registros existentes de la fecha del proceso electoral. El estudio concluyó con la emisión del informe de análisis de integridad electoral, el cual tiene una extensión de más de 230 páginas, resultado de un trabajo de tres meses de duración.
INFORME CIENTÍFICO
“La pericia científica desarrollada, ha considerado las evidencias cursantes en el cuaderno de investigación, analizadas con criterios técnicos y científicos periciales y forenses siguiendo una metodología formal garantizando la relevancia, confiabilidad y suficiencia, conforme establece la norma ISO/IEC 27037. El desarrollo del informe ha seguido los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre tecnologías de la información (UNE 197010/2015)”, explicó Lanchipa.
SOBRESEIMIENTO
Ante los resultados de la pericia internacional, la comisión de Fiscales a cargo del proceso penal denominado “Fraude Electoral”, con toda la información recolectada en la etapa investigativa y principalmente el informe de la pericia en seguridad informática y administración de redes emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del caso, al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinación que fue puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional.
Después de que el Ministerio Público rechazara la proposición acusatoria que presentaron diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, familiares y activistas de las víctimas de los hechos violentos de la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba (Cochabamba) salieron en protesta este miércoles.
“Como sacabeños, como familia de los caídos, nos parece una falta de respeto que se nos rechace estas acusaciones contra Jeanine Áñez. No queremos impunidad en Bolivia, queremos justicia”, manifestó José Zurita, uno de los representantes de la protesta, en entrevista con Bolivia TV.
“Seducción a las tropas tipificada en el Código Penal, Sedición, prolongación de funciones, atribuirse el derecho del pueblo, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, conspiración son los delitos”, fueron las acusaciones que refirió Andrónico Rodríguez contra Áñez, donde también se incluyen estos hechos.
“Los hechos no pueden quedar en la impunidad, reconciliación sí, pero con justicia”, agregó la autoridad, ya que resolver diferencias políticas no implicaría pasar por alto el perjuicio al país y se debe aplicar sanciones ejemplificadoras, “no han perjudicado solamente al MAS sino a todo Bolivia”, acotó.
Mientras que Gregorio Gómez, cívico de El Alto, pidió al Gobierno que emita una orden de arraigo contra otras ex autoridades para evitar que salgan del país y respondan ante la Justicia. También piden incluir a autoridades salientes y anotar sus bienes.
Quintana critica a la Iglesia
Entretanto, el ex ministro Juan Ramón Quintana arremetió contra la Iglesia católica al señalar que hay complicidad por no referirse a los hechos por lo que se acusa a Áñez.
Según el reporte de Kawsachun Coca, en una reunión con asambleístas paceños Quintana cuestionó que hasta la fecha no se hubiesen dado voces de rechazo por hechos como la denominada masacre de Senkata, Sacaba o enfrentamientos entre la población y FFAA que se registraron luego de las fallidas elecciones de 2019, cuando se descubrieron los indicios de fraude electoral que llevaron a la renuncia del ex presidente Evo Morales.
“Qué dice la Iglesia católica, que nosotros somos unos abusivos a diestra y siniestra, que estamos haciendo persecución política y que necesitamos reconciliación y la misma Iglesia no dijo absolutamente nada de nuestros compañeros masacrados en Senkata, en Huayllani, en la zona Sur de la ciudad de La Paz (…). Sean críticos de la Iglesia, porque tampoco podemos ser un rebaño de la Iglesia, tenemos que levantar la voz ante una Iglesia cómplice, traidora de los intereses del pueblo”, expresó.
Sobre la denuncia contra Áñez y los ex ministros por estos hechos, Andrés Flores, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y quien lideró la iniciativa de procesar a las exautoridades, indicó que la decisión de la Fiscalía se dio debido a que no se especificaron los domicilios de los sindicados.
“El Fiscal General nos pidió el domicilio, no se han dado los plazos; lamentablemente, no hemos podido cumplir. Tal vez en su debido tiempo, pero nos han rechazado”, detalló Flores, según la red Erbol.
Procesos contra ex autoridades
Hasta la fecha son al menos 11 ex autoridades del Órgano Ejecutivo del Gobierno transitorio que tienen acusaciones por distintos hechos y que fueron llevados a la justicia de manera gradual. Además del proceso contra Áñez por el supuesto ‘golpe de Estado’, también se incluye en esto a los ex ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, que se encuentran recluidos preventivamente.
A ellos se suman Yerko Núñez, Arturo Murillo y Fernando López, también acusados por el mismo asunto. Estos dos últimos fueron incluidos en la denuncia que fue rechazada ayer por el tema de Sacaba y Senkata.
María Elva Pickert, ex ministra de Medio Ambiente, también tiene acusaciones en su contra por diversas causas, al igual que los exministros Óscar Ortiz, Wilfredo Rojo y Adhemar Guzmán por un supuesto daño económico al Estado por Bs 73,2 millones.
Por el caso de Fundempresa está siendo investigado el ex ministro José Abel Martínez. Mientras que el ex ministro de Economía, José Luis Parada, está incluido en la lista de procesados por gestionar un préstamos de $us 327 millones para oxigenar la economía y la lucha contra el coronavirus.
La exministra de Salud, Eidy Roca, también enfrenta un proceso por la compra de respiradores chinos con supuesto sobreprecio, mientras que Iván Arias, también exministro durante la gestión de Áñez, enfrente denuncia por hechos irregulares.
El titular del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció este miércoles su renuncia a la presidencia del Órgano
El todavía titular del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció este miércoles que mañana oficializará su renuncia a la presidencia y la vocalía del ente electoral. La vicepresidenta María Angélica Ruiz Vaca Diez tendría que sucederle en el cargo.
“Al presentar mañana la renuncia a la Presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un Tribunal presto para encarar nuevos desafíos”, afirmó en conferencia de prensa.
Salvador Romero obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre los principales cargos que ejerció, fue vocal, vicepresidente y presidente de la Corte Nacional Electoral (2004-2008), así como vocal y vicepresidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz –sala provincias (1995-1998). Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras (2011-2014). Ejerció como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL/IIDH) entre 2014-2015. Integró la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz en Colombia (2017), según información del Órgano Electoral.
Alrededor del 85% de las reservas de Litio en el mundo se encuentran en el denominado “Triángulo del litio” compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. Esas reservas se encuentran en condiciones de explotación únicas y por ese motivo permiten costos de procesamiento y producción mucho menores a los de los combustibles fósiles.
Venimos adelantando que el el litio se constituye en la actualidad como recurso natural estratégico al consolidarse como:
1) Factor clave en el cambio de matriz energética: el litio se necesita para la confección de acumuladores eléctricos que permiten contener la energía generada mediante recursos renovables, ya que esta es intermitente y fluctuante, por lo que debe ser acumulada.
2) Determinante en la modificación del patrón tecnológico, ya que las baterías que denominadas ion-litio serán el motor que impulsará la movilidad de los próximos años mediante los autos eléctricos. Además estas baterías son utilizadas en casi todos los dispositivos electrónicos portátiles como celulares, y computadoras.
También mencionamos que, en el caso del litio, no se rompe la dinámica de los recursos naturales en general: el litio se consume en los países del “centro”, pero es expropiado de los países de la “periferia” mediante su explotación por grandes multinacionales. Esto da cuenta del clásico esquema dependiente de producción de manufacturas y productos industriales con agregado de valor para los primeros, y exportación de materias primas para los segundos, dinámica que ha atado a nuestros países al “subdesarrollo”
Entonces, si el litio emerge como factor clave para garantizar la transformación de la matriz energética y del patrón tecnológico y las mayores reservas del mundo se encuentran en los países del denominado triángulo del litio, resulta simple comprender que el tablero de la geopolítica mundial estará atravesado por la disputa por los recursos naturales estratégicos, al constituirse estos como elemento esencial de poder, porque permiten modificar o sostener el status quo vigente.
Importa aclarar que la dinámica del sistema internacional actual está signada por una transición hegemónica de los polos de poder, caracterizada por la pérdida de poder relativo de Estados Unidos, frente al crecimiento de la República Popular China.
La nación suramericana se integró a ese mecanismo en 2006, y regresó a él en 2020, tras la derrota del golpismo en las urnas.
El Estado Plurinacional de Bolivia reanudó el 20 de noviembre de 2020 su participación plena como país miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), mecanismo integrador al que se incorporó el 29 de abril de 2006.
En coincidencia con su regreso al ALBA-TCP, la nación suramericana anunció que retomaba sus vínculos con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Estos hitos guardan una estrecha relación con la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones del 18 de octubre de ese año, que llevaron a la presidencia y vicepresidencia al binomio Luis Arce-David Choquehuanca.
Bogotá, 28 abr (Prensa Latina) Miles de colombianos marchan hoy en las principales ciudades del país como parte del Paro Nacional convocado en rechazo a la reforma tributaria que propone el gobierno del presidente Iván Duque. Desde temprano en la mañana los manifestantes salieron a las calles para tomar puntos importantes de las diferentes urbes y mostrar el descontento hacia la normativa que consideran afecta a la clase trabajadora.
Las protestas también expresan el descontento social hacia la crisis económica, sanitaria y la violencia, sobre todo las masacres y asesinatos de líderes sociales, defensores de la paz y derechos humanos, y exguerrilleros signatarios del Acuerdo de Paz de 2016.
Hoy en forma plenamente justificada, escribió en Twitter el senador Iván Cepeda, la ciudadanía expresa su rechazo a este gobierno, su regresiva reforma tributaria, su ataque constante al proceso de paz, su talante autoritario y pésimo manejo de la pandemia.
‘La ciudadanía hoy llama a un cambio político y social en Colombia’, acotó.
En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena reportan las mayores concentraciones, y ya han sido reportados varios choques con las fuerzas del orden que tiene a más de 47 mil uniformados en las calles.
Las redes sociales dan cuenta de denuncias de actos violentos por parte de efectivos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional en diferentes puntos del país, sin embargo las autoridades no se han pronunciado al respecto.
‘Colombia está sumida en una crisis económica muy profunda y se propone una reforma tributaria para terminar de empobrecer a la clase media, encarecer los alimentos, cuando el 30 por ciento de la población de acuerdo al Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), no está recibiendo las tres comidas diarias’, dijo la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia en Antioquia, Jaime Montoya, ctalogtó la reforma como ‘la más regresivas de todas’, además de favorecer a las grandes empresas y al capital financiero sobre cargas de la clase madia hacia abajo.
El líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, señaló que las calles colombianas han sido tomadas por una fuerza imparable de cambio, que exige justicia social y paz.
‘En su mayoría son jóvenes valientes, llenos de sueños y de esperanzas. A ellos les debemos un mejor país’, destacó y concluyó con la etiqueta áViva el Paro Nacional!.
La reforma tributaria, llamada Ley de Solidaridad Sostenible, contempla la imposición o incremento de impuestos a productos y servicios que agravaría la situación de asalariados, pensionados y otros ciudadanos de bajos ingresos.
El paro, convocado por el Movimiento Constituyente popular, el Partido Comunista de Colombia, Marcha Patriótica, y el Congreso de los Pueblos, entre otras organizaciones, también sumó a la jornada a sindicatos obrero y campesino, estructuras estudiantiles y pueblos originarios.
«Detienen a Manifestantes por protestar en la vía publica durante acto de Piñera en la 33 Comisaria.La detención se desarrolló en medio de una manifestación a las afueras de la 33 comisaria de Ñuñoa durante Visita de Sebastián Piñera en el marco del día del Carabinero. Vecinos se dirigieron hasta las cercanías del recinto, para expresar su molestia y descontento ante los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la institución.Actual Vocera Aces Antonia Roland denuncia además detenciones arbitrarias por parte de carabineros, tanto de la ex vocera de la asamblea Catalina Garay como a dos jóvenes vecinos del sector.»
Durante una conferencia de prensa, la Dirección de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reveló el lunes una investigación que evidencia acciones irregulares en la petrolera estatal y sus subsidiarias con un daño económico de al menos 1,2 millones de dólares, durante la administración del gobierno de facto de Áñez.
La empresa estatal petrolera anunció que iniciará “las acciones legales correspondientes” contra todos los involucrados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La investigación sobre las irregularidades apunta al exministro de facto de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y al expresidente de YPFB, Hernán Soliz, quienes durante el interinato de Áñez habrían dado curso a una resolución ministerial irregular emitida en marzo de 2020 para destinar “de manera extraordinaria e inmediata” 1,8 millones de dólares en un programa de apoyo a la campaña contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, de los que se tiene el dato que se ejecutaron 1,2 millones de dólares.
Su descubrimiento del virus de la hepatitis C le valió a Charles Rice y sus dos compañeros Michael Houghton y Harvey J. Alter el premio Nobel de Medicina el año pasado.
En mitad de la pandemia de coronavirus, el científico y catedrático de virología en la Universidad Rockefeller (Estados Unidos), se ha vuelto una de las voces críticas contra la gestión de la crisis sanitaria en Brasil al firmar una carta con más de 200 nombres, entre científicos e investigadores de todo el mundo, para defender la ciencia en Brasil.
En su opinión, «como sucedió en Estados Unidos, el gobierno brasileño no se tomó en serio la pandemia y, como consecuencia, muchos murieron innecesariamente».
Cree que el presidente Jair Bolsonaro es el culpable de la crisis del covid-19 y que enfrentarse a la pandemia bajo su liderazgo «será un desafío», dijo a BBC News Brasil a través de un correo electrónico.